Washington, Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump adoptó una nueva interpretación jurídica que busca obligar a los estados a colaborar con las autoridades federales en materia migratoria, bajo la advertencia de que podrían perder fondos destinados a programas de asistencia para familias de bajos ingresos.
La nueva disposición, divulgada este miércoles, establece que los estados deberán reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la presencia de inmigrantes indocumentados. En caso de incumplimiento, podrían quedar expuestos a perder recursos federales de programas como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
Ambos programas forman parte de la red de protección social estadounidense y benefician principalmente a familias de bajos ingresos, adultos mayores y personas con discapacidad, por lo que la medida podría tener repercusiones en la atención de sectores vulnerables.
El Departamento de Justicia explicó que la nueva interpretación amplía una opinión jurídica de 1998, que establecía que únicamente determinadas agencias estatales encargadas de administrar TANF y SSI estaban obligadas a proporcionar información a las autoridades federales de inmigración.
Con la nueva interpretación, esa obligación se extendería a todos los estados y no solamente a las dependencias que administran directamente los programas, según indicó el Departamento de Justicia.
El fiscal adjunto T. Elliot Gaiserranjeros defendió la medida al señalar que los fondos públicos destinados a ayudar a estadounidenses vulnerables no deben, a juicio de la Administración Trump, incentivar la inmigración irregular, sino contribuir al cumplimiento de las leyes migratorias y al control fronterizo.
La decisión representa un nuevo capítulo de la política de mano dura contra la inmigración impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Sin embargo, se prevé que la nueva interpretación sea impugnada ante los tribunales, debido a que anteriores intentos de la Administración para presionar a estados y ciudades a colaborar con las autoridades migratorias han sido objeto de demandas y, en algunos casos, bloqueados por los jueces. EGN/Agencias
