El gobierno del presidente Donald Trump adoptó una nueva interpretación jurídica que busca obligar a los estados a colaborar con las autoridades federales en materia migratoria, bajo la advertencia de que podrían perder fondos destinados a programas de asistencia para familias de bajos ingresos.
Las instituciones que presenten una baja ejecución presupuestaria podrían perder parte de sus recursos a partir de agosto, cuando la Secretaría de Finanzas revise el avance de cada dependencia y reasigne fondos a las entidades con mayor capacidad para utilizarlos.
