El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) hizo un llamado urgente al gobierno central, gobiernos locales, instituciones públicas, sociedad y familias a colocar en el centro de sus decisiones la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una visita in situ al estado de Pará, Brasil, para verificar la implementación de medidas provisionales destinadas a proteger los derechos de los pueblos indígenas Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku, afectados por amenazas, violencia y el avance de la minería ilegal.
La representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Honduras, Kathryn Lo, advirtió que el desplazamiento forzado provocado por la violencia continúa afectando a miles de familias hondureñas y llamó a no normalizar esta problemática.
La Policía Nacional mantiene una intervención en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, luego de que más de 10 familias fueran obligadas a abandonar sus viviendas debido a amenazas atribuidas preliminarmente a grupos antisociales que mantienen disputas por el control territorial.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el Ministerio Público (MP) y la Secretaría de Seguridad reafirmaron su compromiso de activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, al tiempo que hicieron un llamado a la población a reportar estos casos sin esperar 24, 48 o 72 horas.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el Ministerio Público (MP) y la Secretaría de Seguridad lanzaron hoy la campaña interinstitucional "La Ausencia...
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) alertó sobre el traslado presuntamente arbitrario de varios presos políticos recluidos en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, Venezuela, hacia otro centro penitenciario aún no identificado.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió que el alto nivel de impunidad en los casos de muertes violentas de mujeres, que ronda el 95 %, constituye una alerta que debilita la capacidad preventiva de la justicia en Honduras.
