Organizaciones indígenas y campesinas exigen juicio político contra Tomás Zambrano y otros 15 diputados por ley que califican como “normativa de despojo”
Tegucigalpa. La Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras, junto a diversas organizaciones territoriales, indígenas, negras, feministas, campesinas y populares, protestó este martes frente al Congreso Nacional para exigir la apertura de un juicio político contra el presidente del Legislativo y diputado por Valle, Tomás Zambrano, y otros 15 parlamentarios señalados de promover actuaciones contrarias a la Constitución y al interés nacional.
Las organizaciones anunciaron la presentación, ante la Secretaría del Congreso Nacional, de una denuncia mediante iniciativa ciudadana respaldada por más de 14,000 firmas, con la que buscan que se impulse juicio político contra Zambrano y los diputados que integran la comisión dictaminadora del Decreto No. 107-2026, conocido como Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras. Según la Alianza, esta normativa “entrega los territorios y bienes comunes del país a grupos de poder económico”, beneficiando intereses privados y afectando derechos humanos y el interés nacional.
Denuncia contra 16 diputados y ampliación de la ley
La iniciativa ciudadana apunta directamente contra José Tomás Zambrano Molina, presidente del Congreso Nacional; Erick José Alvarado Alvarado, proyectista del Decreto No. 107-2026, y los miembros de la comisión de dictamen que aprobaron y firmaron favorablemente la ley, entre ellos Marco Bertilio Paz Sabillón, Juan José Zerón González, Rumy Nahyp Bueso Meza, Juan Carlos Vargas Ríos, Eduardo José Elvir Ferrufino y otros congresistas mencionados en el comunicado. La denuncia también incluye actuaciones individuales de Marcos Paz, como presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, por su participación en la elaboración del dictamen y la incorporación de proyectos de energía, así como de Leonel López, vicepresidente del Congreso, por haber promovido la moción que agregó el sector turismo al contenido de la ley, ampliando su alcance para favorecer intereses privados sobre territorios y bienes comunes.
Las organizaciones sostienen que la ley constituye una “normativa de despojo” que privilegia sectores empresariales y agroindustriales, mientras criminaliza y persigue a pueblos indígenas, campesinos y comunidades que defienden sus territorios. Según la denuncia, el marco legal aprobado abre la puerta a la entrega de tierras, recursos y bienes comunes a grupos nacionales y transnacionales, profundizando conflictos por tierra y afectando la propiedad comunal y los territorios ancestrales.
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Base legal de la solicitud y demandas al Congreso
La denuncia se fundamenta en la causal de actuaciones contrarias a la Constitución de la República y al interés nacional, contemplada en la Ley Especial de Juicio Político. Las organizaciones sostienen que el mecanismo de iniciativa ciudadana, reconocido en el artículo 11 de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, faculta al pueblo a exigir responsabilidad constitucional de altos funcionarios del Estado. En ese marco, solicitan la verificación de las huellas dactilares de las personas firmantes, la introducción de la denuncia al pleno del Congreso, su admisión, el nombramiento de una comisión especial para investigar los hechos y, eventualmente, la destitución de los funcionarios considerados responsables.
Además, demandan la derogación inmediata de los Decretos Nos. 93-2021, 84-2026 y 107-2026, así como la pronta y efectiva resolución de los recursos constitucionales interpuestos contra estas normas y sus efectos sobre derechos colectivos, propiedad comunal y territorios ancestrales. Las organizaciones insisten en que la lucha responde a la defensa de la Constitución y al cumplimiento de cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con comunidades garífunas, la protección de los derechos humanos y la salvaguarda del patrimonio nacional frente a lo que describen como “capitalismo salvaje de despojo”.
Rechazo a la criminalización y llamado a respeto de derechos
En el comunicado, la Alianza y las organizaciones firmantes denuncian la estigmatización, criminalización y persecución penal contra liderazgos campesinos, indígenas y populares, así como campañas de odio y racismo que buscan vincular sus luchas con el crimen organizado o presentarlas como amenazas al orden público. Exigen el cierre definitivo de procesos penales y la libertad total de cuatro defensores y una defensora de la comunidad garífuna de San Juan, además del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, las organizaciones recalcan que esta iniciativa de juicio político es autónoma e independiente del movimiento social hondureño, desvinculada de cualquier partido político. Afirman que continuarán impulsando acciones jurídicas, políticas y de movilización hasta lograr la derogación de las leyes cuestionadas y el respeto pleno de los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y comunidades afectadas por proyectos agroindustriales, energéticos y turísticos
