Tocoa, Colón. La Plataforma Agraria, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (COPA) y El Estudio para las Ciencias Jurídicas (ECJ) exigieron al Estado de Honduras garantizar el retorno pacífico, seguro y permanente de las familias de la Cooperativa Campesina Camarones a sus tierras, luego de una orden de desalojo contra el grupo criminal conocido como Los Cachos, en el Bajo Aguán.
Según el comunicado divulgado este 14 de agosto de 2026, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional Especializado en Crimen Organizado ordenó el pasado 12 de agosto ejecutar el desalojo del grupo que, de acuerdo con las organizaciones, permanece en la finca Camarones desde el 24 de diciembre de 2024.
La resolución judicial también dispone garantizar el retorno de cientos de familias campesinas de la Cooperativa Camarones, quienes continúan desplazadas de sus tierras y enfrentan una situación humanitaria prolongada.
Exigen ejecución de orden de desalojo en finca Camarones
La Plataforma Agraria, COPA y ECJ consideraron que la ejecución del desalojo representa un reto para el Estado hondureño, al que demandan demostrar control institucional y soberanía en el Bajo Aguán.
Las organizaciones señalaron que órdenes de desalojo emitidas anteriormente contra la misma estructura criminal no se concretaron. A su criterio, esta situación refleja deficiencias institucionales para desmantelar las redes de crimen organizado que operan en la región.
“Los Cachos son un grupo criminal dedicado al sicariato, al tráfico de drogas y a la violencia en contra de comunidades campesinas y sus liderazgos”, afirmaron las entidades firmantes en el pronunciamiento.
De acuerdo con el comunicado, siete personas vinculadas a esta estructura permanecen en prisión preventiva desde hace un año, acusadas de delitos como desplazamiento forzado, asociación para delinquir y otros ilícitos.
Organizaciones vinculan al grupo con hechos violentos
Las organizaciones atribuyen a la estructura criminal diversos hechos violentos registrados en el Bajo Aguán. Entre los casos mencionados están los asesinatos de Alexander Carranza, ocurrido el 29 de marzo de 2025; Josué Sorto, alias “Chale”, el 18 de abril de 2025; y Jorge Alex Castillo Fuentes, socio activo de la Cooperativa Camarones, el 13 de diciembre de 2025.
También mencionan los asesinatos de Yesenia Molina, abogada, el 25 de mayo de 2026; José Vásquez, el 17 de junio de 2026; y Carlos Molina, alias “Cabeza”, el 18 de julio de 2026. El documento añade que existen otros hechos bajo investigación criminal.
Las afirmaciones sobre la presunta responsabilidad del grupo en estos casos corresponden a la posición expresada por las organizaciones firmantes del comunicado y deben ser determinadas por las autoridades judiciales competentes.
Piden garantías para las familias campesinas
La Plataforma Agraria, COPA y ECJ pidieron al Poder Judicial actuar con independencia y sin presiones que puedan comprometer el cumplimiento de la orden de desalojo en la finca Camarones.
Asimismo, solicitaron investigar, procesar y sancionar a las personas que integren, financien o faciliten las actividades de estructuras criminales en el Bajo Aguán.
El pronunciamiento sitúa el caso dentro de un contexto nacional de desalojos que, según las organizaciones, afecta a familias campesinas, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Por ello, hicieron un llamado a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, movimientos sociales y a la ciudadanía a acompañar la recuperación de la finca Camarones.
El comunicado fue emitido desde Tocoa, Colón, bajo el lema: “Defender la tierra legal y pacíficamente es defender la vida”.
