Washington, Estados Unidos. – Una jueza federal ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump facilitar el regreso a Estados Unidos del hondureño José Eliezer Martínez Andino, deportado en abril después de que presuntamente firmara una salida voluntaria sin recibir una explicación adecuada ni comparecer ante una corte migratoria.
La magistrada Beryl A. Howell determinó que la expulsión del joven, de 20 años, estuvo directamente relacionada con posibles violaciones a las garantías de debido proceso reconocidas por la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.
“Dado que su expulsión fue consecuencia directa de estas violaciones de sus derechos al debido proceso garantizados por la Quinta Enmienda, se ordena a los demandados que faciliten su regreso a los Estados Unidos”, escribió la jueza.
Martínez Andino fue deportado a Honduras el pasado 13 de abril, pese a que había manifestado temor de regresar al país, según la documentación presentada ante el tribunal.
El joven es padre de una niña de tres años, quien dependía económicamente de él mientras residía en Estados Unidos.
Su detención ocurrió el 18 de marzo en el estado de Montana, durante una operación de agentes migratorios.
Posteriormente fue trasladado por al menos seis centros de detención, mientras sus abogados denunciaron que durante varios días no pudieron establecer oficialmente dónde se encontraba ni qué institución mantenía su custodia.
La demanda sostiene que Martínez Andino habría desaparecido temporalmente del sistema de localización de detenidos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Durante más de diez días, ni ICE ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habrían informado a sus representantes legales sobre su ubicación, pese a las solicitudes formuladas para conocer su paradero.
La Administración Trump reveló posteriormente, por orden de un tribunal, que el inmigrante ya había sido expulsado hacia Honduras bajo el argumento de que aceptó voluntariamente abandonar Estados Unidos.
Sin embargo, Martínez Andino sostiene que no comprendía la documentación que le presentaron al momento de su detención.
Según su versión, nadie le explicó el contenido o las consecuencias de los formularios y se le indicó que firmar era la única opción disponible.
Ese señalamiento se convirtió en uno de los elementos centrales del reclamo judicial, al cuestionarse si realmente existió un consentimiento voluntario e informado para abandonar el país.
La jueza Howell también tomó en consideración las circunstancias personales del hondureño y los riesgos que, según la demanda, enfrenta mientras permanece en Honduras.
El joven ingresó a Estados Unidos cuando tenía 14 años, después de huir de las agresiones de su padre, según señaló la magistrada en su resolución.
“El demandante ha demostrado que sufrirá un daño irreparable si se le obliga a permanecer aún más tiempo en Honduras”, estableció Howell.
La orden judicial obliga al Gobierno estadounidense a realizar las gestiones necesarias para permitir su retorno, aunque no implica por sí sola una decisión definitiva sobre su estatus migratorio.
Una vez de regreso, Martínez Andino podrá continuar su proceso y presentar ante las autoridades migratorias los argumentos relacionados con su temor de volver a Honduras.
El caso vuelve a colocar bajo cuestionamiento los procedimientos utilizados durante las detenciones y deportaciones, particularmente cuando las personas afectadas alegan no haber comprendido los documentos firmados ni haber tenido acceso oportuno a representación legal.
También evidencia las consecuencias familiares de la expulsión, debido a que el joven dejó en Estados Unidos a una hija menor que dependía de sus ingresos.
