INTERNACIONAL / DERECHOS HUMANOS Por: Redacción El Global News 10 de julio, 2026
LONDRES / RIAD – Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha vuelto a poner bajo el foco global las severas condiciones de desprotección y explotación extrema que sufren las trabajadoras domésticas migrantes en Arabia Saudí. El informe, titulado de forma contundente “Una vez que entramos en sus casas, ya no somos seres humanos”, revela que las empleadas de origen filipino son víctimas de jornadas extenuantes, retención de documentación, tratos degradantes y alarmantes episodios de agresión sexual.
Este documento da continuidad al informe publicado por la organización en 2025, el cual evidenció un patrón idéntico de abusos generalizados en perjuicio de trabajadoras de nacionalidad keniana. Según Marta Schaaf, directora del Programa sobre Justicia Climática, Económica y Social de Amnistía Internacional, estos testimonios demuestran que no se trata de incidentes fortuitos, sino de un escenario de explotación institucionalizada que afecta a un sector que supera los cuatro millones de personas en el país árabe. En sus declaraciones, Schaaf advirtió que muchos de los casos documentados constituyen formalmente delitos de trabajo forzoso y trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
El control absoluto: Jornadas de hasta 21 horas y confinamiento
El informe recopila el testimonio de 19 mujeres filipinas que lograron retornar a su país entre 2023 y 2026. Sus relatos coinciden en que, al cruzar el umbral de las residencias de sus empleadores, los contratos laborales firmados en origen pierden toda validez real, quedando supeditadas a la autoridad irrestricta de quienes las contratan.
Las víctimas describieron rutinas de aislamiento absoluto donde la jornada laboral ordinaria oscila entre las 14 y las 21 horas diarias, careciendo por completo de pausas para alimentación, descansos mínimos o días libres. Los testimonios reflejan la impunidad patronal: una de las afectadas, identificada como Gemma, relató cómo su empleador justificaba el régimen de semiesclavitud repitiéndole de forma constante: “Te traje de tu país, así que puedo hacer lo que quiera contigo”. A esto se suma el incumplimiento sistemático de los contratos de origen, obligando a las trabajadoras a prestar servicios simultáneos en múltiples viviendas de una misma red familiar sin compensación alguna.
Retención de pasaportes y barreras para la supervivencia
La imposibilidad de escapar de estos entornos violentos está directamente vinculada a la vigencia del sistema de patrocinio conocido como Kafala. Este modelo legal liga el estatus migratorio de la trabajadora a su empleador (o kafeel), quien retiene la potestad absoluta para otorgar los permisos de salida del país o los cambios de empleo. Aunque la Normativa para Personal Doméstico fue reformada en 2023, el informe subraya que las modificaciones normativas han sido insuficientes y excluyen de las salvaguardias principales a las empleadas del hogar.
A la coacción jurídica se añade la práctica generalizada de confiscar los pasaportes apenas las mujeres aterrizan en el país. El desamparo idiomático y el desconocimiento del entorno local anulan cualquier capacidad de denuncia. Quienes intentan negociar su salida o el retorno a las agencias de colocación son sometidas a castigos punitivos y revisiones corporales humillantes. Es el caso de Cleo, una trabajadora que tras denunciar racismo y desabastecimiento de alimentos, fue obligada a desnudarse por completo para una inspección física intrusiva antes de permitírsele el regreso a Filipinas.
Violencia sexual intramuros
El informe aborda con especial gravedad los escenarios de acoso y agresión sexual que enfrentan las trabajadoras al quedar confinadas en las residencias. Las agresiones suelen perpetrarse cuando las mujeres se encuentran a solas con los empleadores o los varones del núcleo familiar. Isabel, una de las denunciantes, relató ante los investigadores los mecanismos de evasión física que debía emplear —como ocultarse en los tejados de las viviendas— para escapar de las agresiones sexuales explícitas de su captor.
Frente a la solidez de las denuncias, el gobierno de Arabia Saudí emitió un comunicado defendiendo la suficiencia de sus canales institucionales, tales como el sistema de protección salarial y los seguros de contingencia. No obstante, las autoridades saudíes se negaron a facilitar datos oficiales detallados sobre las inspecciones de trabajo o las sanciones penales impuestas a los empleadores infractores.
Amnistía Internacional ha exigido la eliminación inmediata de los requisitos de consentimiento patronal para que los migrantes puedan abandonar el país, el desmantelamiento total de la Kafala y la inclusión definitiva de las trabajadoras domésticas dentro de la legislación laboral general de la nación, instando además a los países de origen como Filipinas a ejercer una tutela diplomática activa para frenar lo que catalogan como una lotería de derechos fundamentales.
