Tegucigalpa. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que en el departamento de Gracias a Dios persisten patrones de exclusión y discriminación estructural que continúan vulnerando los derechos del pueblo miskitu, limitando el ejercicio de la pesca en condiciones seguras y dignas, además del acceso a servicios básicos como salud, educación e identidad.
Durante el Diálogo Estratégico para la Promoción de los Derechos Humanos y la Sostenibilidad de la Pesca Industrial y Artesanal de Honduras, el coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afro-hondureños del Conadeh, Frank Cruz, señaló que uno de los principales problemas es que varios beneficiarios de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún no cuentan con su Documento Nacional de Identificación (DNI), lo que impide el pago de las reparaciones ordenadas y los deja sin acceso a derechos fundamentales. Agregó que esta situación los convierte en un pueblo sin reconocimiento efectivo de su identidad, limitando el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.
El funcionario también denunció la falta de un sistema registral que garantice la gobernanza de la pesca, el acceso a los territorios marino-costeros y un control efectivo del Estado sobre las empresas pesqueras industriales. Asimismo, recordó que estas compañías deben cumplir con las normas laborales y de seguridad ocupacional, además de establecer mecanismos para prevenir, reparar y respetar los derechos humanos, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Por su parte, Elsser Brown Evans, técnico de la organización MOPAWI, alertó sobre la grave crisis humanitaria que enfrenta La Mosquitia, marcada por el abandono estatal, la pesca ilegal, la precariedad de los servicios de salud y educación y las constantes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Explicó que los hallazgos del programa Navegador Indígena, una herramienta que recopila información técnico-científica en comunidades indígenas, revelan que entre 3,000 y 4,000 buzos miskitos han quedado con discapacidades permanentes, mientras la pobreza continúa reproduciéndose de generación en generación.
Brown indicó que la débil presencia institucional facilita la pesca ilegal y el abuso de la industria pesquera sobre los pescadores locales. Detalló que en todo el departamento de Gracias a Dios solo existe un inspector de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), situación que dificulta la vigilancia de una de las principales zonas pesqueras del país. Además, aseguró que la industria camaronera invade las tres millas náuticas reservadas para la pesca artesanal, afectando la reproducción de especies marinas y el sustento de las comunidades indígenas.
El representante de MOPAWI también describió un panorama crítico en los servicios públicos. Señaló que muchas escuelas carecen de condiciones básicas y que para numerosos niños la merienda escolar representa su única fuente de alimentación durante la semana. En materia de salud, afirmó que un solo hospital atiende a seis municipios con recursos insuficientes, mientras que en el ámbito de la justicia persisten conflictos relacionados con invasiones territoriales, explotación de recursos naturales y la falta de consulta previa en proyectos extractivos.
Ante este escenario, tanto el Conadeh como MOPAWI instaron al Estado hondureño a garantizar la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre las decisiones que afecten sus territorios y recursos pesqueros, fortalecer los consejos territoriales indígenas para la gestión de la pesca artesanal, brindar protección jurídica a los territorios marino-costeros y reconocer la pesca artesanal como una actividad tradicional del pueblo miskitu. Además, recomendaron que los servicios de salud, educación y justicia sean culturalmente pertinentes y se ofrezcan también en idioma miskitu.EGN
