San José, Costa Rica.— Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una visita in situ al estado de Pará, Brasil, para verificar la implementación de medidas provisionales destinadas a proteger los derechos de los pueblos indígenas Yanomami, Ye’Kwana y Munduruku, afectados por amenazas, violencia y el avance de la minería ilegal.
La visita se desarrolló entre el 1 y el 3 de septiembre de 2026, bajo la delegación de la jueza Nancy Hernández López, quien estuvo acompañada por funcionarios de la Secretaría de la Corte IDH. Durante las jornadas se realizaron reuniones con autoridades brasileñas, representantes de los pueblos indígenas beneficiarios y organizaciones de derechos humanos.
Las medidas provisionales fueron adoptadas por la Corte IDH en julio de 2022, ante las denuncias sobre amenazas, agresiones físicas y sexuales, actos vandálicos y tiroteos, además de la contaminación de ríos y afectaciones al acceso al agua potable, la alimentación y la salud debido a la presencia de personas no autorizadas y el avance del denominado garimpo o minería ilegal en los territorios indígenas.
La delegación inició sus actividades en la ciudad de Santarém, donde recibió información de distintas instituciones brasileñas responsables de implementar las medidas de protección. También participaron representantes del Pueblo Munduruku, organizaciones indígenas y de derechos humanos, así como una representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Visita al territorio Munduruku
El 2 de septiembre, la delegación se trasladó hasta la Aldea Jacarezinho, ubicada dentro del Territorio Indígena Munduruku, donde realizó una diligencia judicial para constatar directamente las condiciones de las comunidades y los avances en el cumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal.
Durante la visita, más de 12 lideresas, líderes y caciques de diferentes aldeas expusieron la situación que enfrentan sus comunidades. Entre los principales problemas señalados estuvieron las consecuencias de la minería ilegal de oro, las dificultades para acceder a agua potable, alimentación y servicios de salud, así como los problemas relacionados con el saneamiento y la protección del territorio.
Los líderes indígenas también denunciaron amenazas y ataques contra integrantes del Pueblo Munduruku y plantearon la necesidad de fortalecer las medidas de protección tanto individuales como colectivas para quienes ejercen liderazgo en las comunidades.
La visita concluyó el 3 de septiembre con una reunión en Jacareacanga, donde representantes indígenas, organizaciones y autoridades estatales presentaron sus observaciones ante la delegación de la Corte IDH.
La jueza Nancy Hernández formuló preguntas a las autoridades y representantes, mientras que integrantes de la Secretaría de la Corte y una especialista de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH sostuvieron además una reunión privada con algunas lideresas indígenas para conocer sus experiencias y preocupaciones relacionadas con el acceso a la salud, la atención durante el embarazo y la primera infancia.
La Corte IDH destacó que este tipo de visitas permiten un contacto directo con las comunidades y un diálogo entre las partes, además de facilitar la constatación en terreno de los avances, dificultades y retos que persisten en el cumplimiento de las medidas provisionales.EGN
