Tegucigalpa. – La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) instaló de forma indefinida el campamento “Por la Vida del Pueblo Garífuna” frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Tegucigalpa, para demandar el respeto de los derechos territoriales, el cese de la criminalización contra personas defensoras y el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de comunidades garífunas.
Entre las principales exigencias de la organización se encuentra el sobreseimiento de los defensores territoriales de la comunidad de San Juan, Tela, detenidos en el contexto de un desalojo ocurrido el 6 de julio de 2026.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que, durante ese operativo, al menos cinco defensores y defensoras garífunas fueron detenidos y enfrentan procesos que OFRANEH y redes internacionales califican como parte de un patrón de criminalización de la defensa territorial.
La movilización también reclama el cumplimiento integral de las sentencias de la Corte IDH en los casos de las comunidades garífunas de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz, San Juan y Cayos Cochinos. Estos fallos responsabilizan al Estado de Honduras por violaciones a derechos territoriales y establecen medidas de reparación relacionadas con la titulación, delimitación, demarcación y protección de los territorios ancestrales.
Cumplimiento a sentencias de la Corte-IDH
En el caso de la comunidad garífuna de San Juan, Tela, la Corte IDH emitió su sentencia el 29 de agosto de 2023 y ordenó al Estado otorgar un título de propiedad colectiva sobre tierras alternativas o, en su defecto, pagar la indemnización correspondiente. El caso permanece en etapa de supervisión de cumplimiento.
OFRANEH sostiene que la falta de implementación de las decisiones internacionales ha profundizado la inseguridad territorial y expuesto a las comunidades a desalojos, amenazas y conflictos con terceros. La organización demanda acciones urgentes de la CSJ y del Estado hondureño para garantizar el acceso a la justicia, detener la persecución judicial contra liderazgos comunitarios y cumplir las reparaciones ordenadas por el tribunal interamericano.
El campamento se mantendrá frente a la Corte Suprema de Justicia como una acción pacífica de exigencia y denuncia hasta que las instituciones responsables respondan a las demandas planteadas por el pueblo garífuna.
