Tegucigalpa. La coordinadora del área de Democracia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), Yajaira Padilla, informó que un total de 91 municipios de Honduras han registrado eventos de conflictividad social durante 2026, reflejando un incremento de las acciones colectivas impulsadas por distintos sectores de la población.
Padilla explicó que el IUDPAS documentó 437 casos de acciones colectivas en lo que va del año, de los cuales el 61.6 % se concentra en apenas 10 municipios, entre ellos el Distrito Central, San Pedro Sula y varias localidades del norte del país.
La especialista detalló que junio fue el mes con el mayor número de protestas, protagonizadas principalmente por trabajadores que demandan mejoras en sus condiciones laborales, el pago de salarios y el cumplimiento de compromisos adquiridos por instituciones del Estado.
Según el informe, más del 76 % de las acciones colectivas se desarrollaron mediante bloqueos de carreteras, tomas de instituciones públicas, mítines y concentraciones, mecanismos utilizados por los sectores sociales para ejercer presión y exigir respuestas a sus demandas.
Padilla reconoció que este tipo de manifestaciones genera repercusiones económicas para el país; sin embargo, sostuvo que los grupos afectados recurren a estas medidas debido a la falta de atención o de soluciones oportunas por parte de las autoridades.
El estudio también revela que el 36.2 % de las demandas sociales está relacionado con conflictos laborales, principalmente por reclamos sobre el pago de salarios, mejores condiciones de trabajo y procesos de reorganización institucional derivados de la transición gubernamental.
La representante del IUDPAS advirtió que muchas de estas exigencias son recurrentes debido al incumplimiento de acuerdos previamente suscritos entre el Estado y los sectores involucrados, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos de diálogo y respuesta institucional para evitar que los conflictos se intensifiquen.
El IUDPAS señaló que la atención oportuna de las demandas ciudadanas resulta fundamental para disminuir los niveles de conflictividad social y fortalecer la confianza de la población en las instituciones públicas. EGN
