Tegucigalpa. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó que el regreso al país del expresidente Juan Orlando Hernández, tras recibir un indulto en Estados Unidos, representa una prueba para la independencia del sistema judicial hondureño y la capacidad de las instituciones para actuar conforme a la ley.
A través de su columna «Disculpen mi Castellano», titulada «El acusado no está solo», Castellanos analizó el retorno del exmandatario y sostuvo que el caso plantea un nuevo desafío para el Poder Judicial, al que instó a resolver los procesos pendientes con independencia y sin influencia política.
En su escrito, la titular del CNA señaló que el regreso de Hernández ocurre en un contexto en el que diversos sectores políticos han manifestado respaldo al exgobernante, situación que, a su juicio, pone a prueba la capacidad de la justicia hondureña para atender los expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción.
Castellanos también cuestionó el funcionamiento histórico del sistema judicial, al considerar que durante años ha estado marcado por señalamientos de politización, falta de independencia y captura institucional. En ese sentido, indicó que el Poder Judicial enfrenta dos posibles escenarios: permitir que los casos permanezcan estancados o garantizar investigaciones y procesos con estricto apego a la legislación vigente.
«La respuesta solo la tiene el Poder Judicial, que ahora enfrenta su realidad más cruda», expresó la directora del CNA, al referirse al papel que deberán asumir los operadores de justicia frente a este caso.
Finalmente, Castellanos sostuvo que una decisión judicial adoptada fuera del territorio nacional no elimina automáticamente las posibles responsabilidades legales que puedan existir en Honduras. Agregó que el retorno del expresidente constituye un recordatorio de los desafíos que enfrenta el país en materia de institucionalidad, combate a la corrupción y fortalecimiento del Estado de derecho. EGN
