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Explotación sexual de menores y corrupción en Córdoba: Exigen la expulsión inmediata de Ernesto «Cañito» Flores

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CÓRDOBA — Tras la decisión de la Legislatura provincial de conceder la licencia al legislador oficialista Ernesto Ramón «Cañito» Flores (Hacemos por Córdoba), dirigentes del Frente de Izquierda Unidad y de la Asamblea Ni Una Menos denunciaron que la medida constituye una clara maniobra de encubrimiento político para desvincular al oficialismo peronista de la red de trata y explotación sexual infantil desmantelada en Villa María de Río Seco.

La causa judicial cuenta con 14 detenidos y un prófugo, imputados por delitos de grooming, abuso sexual y explotación infantil contra al menos cuatro menores de edad. Los hechos ocurrieron en un campo propiedad del propio Flores. Entre los principales involucrados figura su asesor legislativo, José Aníbal Ricardo Villarreal —quien utilizaba fondos públicos para prestar tareas en dicho establecimiento rural y ya contaba con antecedentes impunes por abuso sexual— y el efectivo policial Juan Cruz Cejas Bustamante. A este entramado se suma la denuncia por presunta corrupción que involucra contrataciones millonarias a la pareja del parlamentario por parte de la Unicameral.

Ante la negativa del bloque oficialista a expulsar a Flores y la postura de la fiscalía de tipificar el caso como «violaciones individuales», la concejala Cintia Frencia (FIT-U) y la abogada Soledad Díaz (Asamblea Ni Una Menos) presentaron una petición formal ante la Legislatura exigiendo la expulsión inmediata del legislador y denunciando que redes de esta magnitud solo pueden operar bajo el amparo de la estructura estatal.

«El pedido de licencia y los intentos tardíos de aislar el caso no son más que un mecanismo para proteger al gobierno provincial y tapar un cuadro de descomposición política estructural. Exigimos justicia por las víctimas y la investigación de todas las responsabilidades políticas, judiciales y policiales», señalaron las referentes.

Desde los sectores convocantes llamaron a la movilización popular y a canalizar el reclamo de justicia en el próximo Encuentro de Mujeres, donde se impulsará un plan de lucha contra la impunidad y la complicidad estatal. EGN

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