Tegucigalpa. El exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dennis Gómez, afirmó que en la actualidad no existen las condiciones políticas en el Congreso Nacional para aprobar una reforma constitucional que permita implementar la segunda vuelta electoral en Honduras.
Gómez explicó que, aunque la propuesta ha sido debatida en diferentes sectores políticos y sociales, su aprobación enfrenta un escenario complejo, ya que requiere el respaldo de al menos 86 diputados y, posteriormente, su ratificación en la siguiente legislatura para entrar en vigor.
El exfuncionario sostuvo que la falta de consenso responde, en parte, a los cambios de postura de las fuerzas políticas según el rol que desempeñan en cada momento.
“Los partidos políticos hacen uso de la moral de situación; desde la oposición interpretan de una manera y cuando son gobierno interpretan de otra”, expresó.
No obstante, Gómez consideró que la principal reforma pendiente en el sistema electoral hondureño no es la implementación de una segunda vuelta, sino la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), al estimar que ello contribuiría a fortalecer la confianza en los procesos electorales.
En ese sentido, propuso que las JRV estén integradas por ciudadanos independientes y no por representantes de los partidos políticos, mientras que las organizaciones políticas participen únicamente mediante fiscales encargados de vigilar el desarrollo de la votación y el escrutinio.
“Si no sucede eso, la Junta Receptora de Votos seguirá siendo el caldo de cultivo para las denuncias de fraude electoral”, advirtió el exmagistrado.
Asimismo, planteó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrolle un sistema propio de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), con el apoyo de universidades y sectores académicos, para reducir la dependencia de empresas privadas.
Según Gómez, esta medida permitiría fortalecer la capacidad técnica del organismo electoral y evitar que el Estado continúe destinando cientos de millones de lempiras a la contratación de compañías externas para la transmisión de resultados en cada proceso electoral.
