Indultado en Estados Unidos tras una condena de 45 años por narcotráfico, el expresidente Juan Orlando Hernández regresará a Honduras con protección especial del Estado, mientras su caso por fraude y lavado de activos pasa a la jurisdicción de corrupción de la justicia hondureña.
El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, confirmó a medios de comunicación que el expresidente Juan Orlando Hernández, indultado en Estados Unidos tras una condena de 45 años por delitos relacionados al narcotráfico, contará con protección oficial y un esquema de seguridad especial cuando retorne a Honduras.
Consultado sobre si el exmandatario dispondrá de resguardo por parte del Estado, Rodríguez Burchard aseguró que se le brindará “toda la seguridad” y que esta no se ha retirado para su núcleo familiar.
Según el funcionario, las medidas de protección forman parte de los protocolos establecidos para exgobernantes y se mantienen vigentes tanto para Hernández como para sus allegados, ante posibles riesgos durante su regreso al país.
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“Se le dará toda la seguridad, así como no se le ha dejado de dar a su familia”, declaró el ministro. Juan Orlando Hernández fue extraditado desde Honduras a Estados Unidos el 21 de abril de 2022, en cumplimiento de una orden de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que lo requería para enfrentar cargos por narcotráfico y armas de fuego.
Caso pasa al circuito de corrupción
El anuncio se produce en el contexto del retorno de Hernández, previsto para el próximo domingo 26 de julio, quien, además, aún enfrenta causas judiciales pendientes en Honduras por fraude y lavado de activos y deberá presentarse ante la justicia en las próximas semanas.
De acuerdo con las autoridades de Seguridad y Defensa, será una unidad especial de protección de dignatarios la encargada de definir número de agentes, vehículos y demás recursos necesarios, a partir de un estudio de riesgo sobre la figura del exgobernante.
Ademas, se conoció que la Corte Suprema de Justicia habría resuelto que el proceso judicial contra el expresidente hondureño deje de conocerse en la jurisdicción especial de ese poder del Estado y sea remitido al circuito de corrupción, luego de que perdiera la inmunidad que ostentaba como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Con este cambio, el expediente pasará a la jurisdicción ordinaria, donde un juez competente deberá asumir el caso y continuar las diligencias por fraude y lavado de activos que enfrenta el exmandatario en Honduras.
