Tegucigalpa. El desplazamiento forzado interno continúa agravándose en Honduras y durante la última década ha afectado a miles de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por amenazas contra su vida, libertad e integridad.
Datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indican que entre 2016 y 2025 se registraron 95 mil 850 quejas, de las cuales 10 mil 077 estuvieron relacionadas con personas en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado.
De este último grupo, 3 mil 763 personas fueron obligadas a abandonar sus viviendas, mientras que otras 6 mil 314 permanecieron en riesgo de desplazamiento. En total, las quejas atendidas durante la última década involucraron a 24 mil 864 personas a nivel nacional.
La problemática se agudizó entre 2022 y 2025, período en el que el Conadeh atendió cerca de 5 mil quejas relacionadas con desplazamiento forzado, que afectaron a 12 mil 827 personas de diferentes edades y sexos.
Entre los principales responsables identificados figuran agresores desconocidos y miembros de maras y pandillas, cuyas acciones generan temor e incertidumbre y obligan a familias enteras a abandonar sus comunidades para ponerse a salvo.
El desplazamiento forzado no solo implica la pérdida de la vivienda, sino también la ruptura de vínculos familiares y comunitarios, así como la pérdida de medios de vida y dificultades para acceder a derechos fundamentales como educación, salud, vivienda, alimentación y empleo.
Ante este panorama, defensores de derechos humanos demandaron fortalecer las medidas de prevención, protección y atención a las víctimas, además de impulsar acciones firmes contra las estructuras criminales que generan las condiciones de inseguridad que provocan el desplazamiento de familias hondureñas.EGN
