Tegucigalpa- El defensor de derechos humanos Miguel Tejada expresó su consternación por el asesinato de un supuesto testigo protegido vinculado a una investigación sobre la desaparición de Angie Peña y cuestionó las medidas de seguridad que, según señaló, fueron brindadas a la víctima antes de su muerte.
-“Hagan las negociaciones que quieran, pero a los captores de Angie Peña deben de entregarla para que su familia ya no siga sufriendo”, sostuvo.
– Expresó preocupación por la posible filtración de información relacionada con el expediente.
Tejada sostuvo que el fallecido colaboraba con el Ministerio Público en un proceso considerado de gran importancia para los habitantes de Islas de la Bahía y aseguró que la información que habría aportado incluía declaraciones, fotografías, videos, contactos y comunicaciones relacionadas con la investigación.
Cuestionó que una persona con ese nivel de información no contara, a su criterio, con un esquema de protección acorde con el riesgo que enfrentaba. Comparó la situación con los programas de protección de testigos de otros países, donde pueden implementarse medidas como cambio de identidad, traslado de domicilio y protección para el núcleo familiar.
Asimismo, expresó preocupación por la posible filtración de información relacionada con el expediente y pidió a las autoridades investigar quiénes han tenido acceso a los datos del caso y si alguna de esas personas pudo haber puesto en riesgo al testigo.
Tejada consideró que el asesinato del supuesto testigo protegido no necesariamente significa que se haya perdido toda la información que había aportado al proceso, debido a que, según explicó, algunas de sus declaraciones habrían sido incorporadas previamente al expediente como prueba anticipada.
“Todo está descargado en el Ministerio Público”, sostuvo, al señalar que las autoridades tendrían bajo su custodia declaraciones y otros elementos relacionados con la investigación. Por ello, consideró que el crimen debe ser visto como un hecho que requiere una respuesta contundente del Estado y no como el final de las diligencias.
Preocupación por redes de trata
El defensor también alertó sobre la situación de Islas de la Bahía en materia de trata de personas y explotación sexual. Aseguró que Roatán enfrenta un problema que debe ser reconocido públicamente para que las autoridades y la sociedad puedan desarrollar una estrategia conjunta de prevención y combate.
Sostuvo que las redes de trata no necesariamente están conformadas únicamente por grandes organizaciones internacionales, sino que pueden involucrar a diferentes personas que cumplen funciones específicas, desde quienes captan a las víctimas hasta quienes facilitan vehículos, propiedades, hoteles u otros espacios para cometer los delitos.
En ese sentido, hizo una diferenciación entre la prostitución y la explotación sexual, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.
Advirtió que cualquier actividad que implique captación, traslado, sometimiento o explotación de niñas, niños y adolescentes constituye una situación de extrema gravedad que debe ser investigada y sancionada.
También cuestionó la existencia de posibles intereses que podrían obstaculizar investigaciones relacionadas con estas estructuras, por lo que se debe investigar cualquier eventual intervención de personas con poder político o económico que intenten frenar procesos judiciales o investigaciones.
Tejada pidió además que las instituciones encargadas de investigar estos delitos cuenten con mecanismos efectivos de control interno para sancionar a funcionarios que puedan contaminar escenas, extraer pruebas, filtrar información o interferir en procesos investigativos.
Pide cooperación internacional
El defensor destacó el respaldo que, según afirmó, estaría brindando Estados Unidos a las investigaciones relacionadas con las redes de trata y otros delitos en Islas de la Bahía. Consideró que la cooperación y la observación internacional pueden contribuir a garantizar que los procesos avancen sin interferencias.
A su criterio, las autoridades hondureñas deben investigar a todas las personas que pudieran estar vinculadas con estas estructuras, independientemente de su posición económica o política, y aplicar las sanciones correspondientes cuando se establezca responsabilidad penal.
Tejada también planteó la necesidad de revisar el marco legal hondureño para endurecer las penas aplicables a delitos graves relacionados con la explotación sexual y la trata de personas, particularmente cuando las víctimas son menores de edad.
Pide respuestas sobre Angie Peña
En relación con la desaparición de Angie Peña, Tejada afirmó que mantiene la convicción de que existe información que podría contribuir a establecer su paradero y pidió a quien la tenga retenida que permita poner fin al sufrimiento de su familia.
Aseguró que una línea de comunicación relacionada con un supuesto negociador se mantiene activa y pidió que cualquier información sobre el caso sea manejada con responsabilidad para no poner en riesgo a otras personas vinculadas con la investigación.
Hizo un llamado a las autoridades y a los medios de comunicación para evitar la filtración irresponsable de información de los expedientes, especialmente aquella que pueda poner en peligro a testigos o familiares.
Tejada sostuvo que el Estado tiene la obligación de esclarecer el asesinato del supuesto testigo protegido, garantizar la seguridad de quienes continúan colaborando con las investigaciones y avanzar en el desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual que, según denunció, operan en Islas de la Bahía. EGN
