San José, Costa Rica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó audiencias privadas de supervisión del cumplimiento de tres sentencias contra el Estado de Argentina, durante una visita desarrollada los días 28 y 29 de septiembre de 2026 en Buenos Aires, con el propósito de verificar los avances en las medidas de reparación ordenadas en los casos.
Las audiencias estuvieron a cargo de la jueza Nancy Hernández López, por delegación del Tribunal, acompañada por la secretaria Gabriela Pacheco Arias y funcionarios de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Secretaría de la Corte.
Uno de los casos abordados fue María y otros Vs. Argentina, en el que se supervisaron nueve medidas de reparación, relacionadas con la situación jurídica de Mariano y la continuidad del proceso de vinculación con su madre biológica, identificada como María. También se revisaron medidas de atención psicológica y psiquiátrica, así como garantías de no repetición, incluida la capacitación de funcionarios y la elaboración de protocolos para atender embarazos de niñas y adolescentes en maternidades públicas de la provincia de Santa Fe.
Asimismo, la Corte examinó el caso Furlan y familiares Vs. Argentina, centrado en tres medidas pendientes vinculadas con la atención médica y psicológica de las víctimas, especialmente de Sebastián Furlan. Entre las disposiciones supervisadas figuran la creación de un equipo interdisciplinario que determine medidas de apoyo para su inclusión social, educativa, vocacional y laboral, y la entrega de información sobre derechos y beneficios legales a personas diagnosticadas con discapacidades graves o secuelas relacionadas con estas.
El tercer expediente correspondió al caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina, en el que permanece pendiente una medida relacionada con la investigación de la desaparición forzada de Adolfo Argentino Garrido Calderón y Raúl Baigorria Balmaceda, ocurrida desde abril de 1990, después de que ambos fueran detenidos por agentes de la Dirección Motorizada de la Policía de Mendoza. La supervisión busca verificar el cumplimiento de la obligación estatal de investigar los hechos, procesar y sancionar a los responsables y determinar el paradero de las víctimas.
En las audiencias participaron las víctimas y sus representantes, así como delegaciones de distintas instituciones argentinas, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Justicia y otras dependencias vinculadas con la salud y los derechos humanos. También asistieron representantes de la Defensoría General de la Nación y de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según correspondía a cada caso.
Como parte de la visita, la jueza Hernández López sostuvo el 28 de septiembre una reunión protocolaria con autoridades argentinas, entre ellas representantes de la Secretaría de Culto, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Contencioso Internacional de la Cancillería. Durante el encuentro, agradeció al Estado argentino por facilitar la realización de las actividades de supervisión en su territorio.
La Corte Interamericana destacó la colaboración de las autoridades argentinas para el desarrollo de la visita, que forma parte de los mecanismos del Tribunal para dar seguimiento al cumplimiento de sus sentencias y verificar la ejecución de las medidas de reparación ordenadas en casos de violaciones de derechos humanos.
