Tegucigalpa.– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) exhortó al Estado hondureño a adoptar medidas urgentes para prevenir la violencia contra la niñez, luego de revelar que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Yoro concentran el 58 % de las 1,330 muertes violentas de niñas, niños y adolescentes registradas en el país entre 2020 y junio de 2026.
De acuerdo con datos policiales analizados por el organismo, durante los últimos 78 meses los 18 departamentos de Honduras reportaron homicidios de menores de edad. Sin embargo, Francisco Morazán encabeza la lista con 281 víctimas, seguido de Cortés con 275, Olancho con 108 y Yoro con 101.
La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del CONADEH, Cándida Maradiaga, manifestó que cada muerte violenta de un niño o adolescente demuestra que los mecanismos de prevención, protección y respuesta del Estado no han sido suficientes para garantizar el derecho a la vida de esta población.
“Cada muerte violenta de un niño, niña o adolescente evidencia que los mecanismos de prevención, protección y respuesta no fueron lo suficientemente efectivos para evitar estos hechos”, expresó la defensora.
El informe señala que, de las 1,330 víctimas registradas entre 2020 y junio de 2026, el grupo más afectado corresponde a adolescentes de entre 15 y 18 años, con 997 muertes violentas, lo que representa el 75 % del total de los casos.
Asimismo, se documentaron 168 homicidios de menores con edades entre 11 y 15 años y 123 víctimas menores de cinco años, lo que refleja el impacto de la violencia en todos los grupos de la niñez.
En relación con el reciente asesinato de una niña de nueve años en el municipio de Sabá, Colón, quien fue reportada como desaparecida y posteriormente encontrada sin vida, Maradiaga expresó su solidaridad con la familia y lamentó que este tipo de hechos reflejen el deterioro del tejido social en el país.
La representante del CONADEH afirmó que cada asesinato de un niño o niña constituye “el fracaso más doloroso del Estado” en su obligación de proteger los derechos de la niñez y garantizar su seguridad.
Ante este panorama, el organismo defensor de derechos humanos instó al Estado a fortalecer la institucionalidad pública y aplicar de manera efectiva las políticas y planes nacionales de prevención de la violencia contra la niñez.
Maradiaga también hizo un llamado a las instituciones públicas, al sector privado y a la cooperación internacional para unir esfuerzos en la implementación de la política pública de protección de la niñez, con el objetivo de evitar que continúen registrándose hechos violentos contra este sector vulnerable de la población.
“El país debe actuar con urgencia y demostrar con acciones concretas que la protección de la niñez es una prioridad”, concluyó la defensora.EGN
