Tegucigalpa. La Coalición Ambiental de Honduras (COAH) expresó su rechazo al Decreto 107-2026, al considerar que la normativa representa un retroceso en la protección de los recursos naturales y revive mecanismos similares a la denominada «Ley Exprés» de licenciamiento ambiental, que en años anteriores fue objeto de cuestionamientos por organizaciones ambientalistas.
En un pronunciamiento firmado por los biólogos Ana Velásquez y Luis Méndez, cofundadores de la COAH, la organización afirmó que Honduras no debe promover un modelo de desarrollo que, a su juicio, comprometa la conservación ambiental, los derechos de las comunidades y la justicia socioambiental en favor de inversiones económicas.
Los ambientalistas sostuvieron que el Decreto 107-2026, sumado a iniciativas impulsadas en administraciones anteriores para agilizar los permisos ambientales, fortalece la narrativa de que el crecimiento económico depende de reducir los controles técnicos y acortar los procesos de evaluación científica para la aprobación de proyectos.
La organización recordó que desde mayo de 2025 impulsó la campaña «¡Alto a la ley exprés de licenciamiento ambiental!», mediante la cual advirtió que acelerar la emisión de licencias podría incrementar los riesgos para los ecosistemas y para quienes defienden el medio ambiente. Asimismo, recordó que emitió diversos pronunciamientos públicos en los que solicitó al Congreso Nacional y al Gobierno fortalecer técnica y presupuestariamente a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), en lugar de reducir los procesos de análisis ambiental.
Según la COAH, el nuevo decreto también modifica aspectos de la Ley de Reforma Agraria, otorgando mayor relevancia al registro de la propiedad como prueba de titularidad sin considerar, según su criterio, los antecedentes territoriales, la función social de la tierra y los derechos de comunidades indígenas y pueblos originarios.
Luis Méndez advirtió que la reducción de los plazos para emitir licencias ambientales y la incorporación de la figura de la aprobación tácita podrían presionar a los funcionarios públicos a autorizar proyectos sin una evaluación técnica completa. Además, sostuvo que estas disposiciones serían incompatibles con la Ley General del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Procedimientos Administrativos y otras normas vigentes.
Por su parte, Ana Velásquez afirmó que acortar los tiempos de evaluación y limitar la participación ciudadana no representa una mayor eficiencia administrativa, sino que incrementa los riesgos de degradación ambiental. La ambientalista manifestó su preocupación por la falta de socialización de las reformas y advirtió sobre posibles impactos en la agrobiodiversidad, las áreas protegidas, los corredores biológicos, las cuencas hidrográficas y los ecosistemas costeros y marinos.
Finalmente, la Coalición Ambiental de Honduras reiteró su compromiso de mantenerse vigilante ante la implementación del Decreto 107-2026 y defendió la necesidad de promover inversiones y desarrollo económico compatibles con la conservación de los recursos naturales. La organización insistió en que la protección del agua, los bosques, los mares y la biodiversidad debe mantenerse como una prioridad para garantizar un desarrollo sostenible y el bienestar de las futuras generaciones. ENG
