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Candados, control 24/7 y pasaporte retenido: El colapso de una víctima de trata obliga a suspender un juicio en A Coruña.

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NACIONAL / DERECHOS HUMANOS Por: Redacción El Global News 10 de julio, 2026

A CORUÑA – El proceso judicial que se instruye en la Audiencia Provincial de A Coruña contra una trama de explotación sexual en la localidad de Arteixo ha tenido que ser bruscamente interrumpido. La gravedad de las secuelas psicológicas que arrastra la denunciante —una ciudadana de origen venezolano que cuenta con la condición de testigo protegida— provocó que sufriera una severa crisis de ansiedad en plena Sala mientras intentaba prestar declaración, obligando a su hospitalización de urgencia y al aplazamiento de la vista hasta el próximo 25 de septiembre.

En el banquillo de los acusados se sientan dos mujeres, madre e hija de origen dominicano, para quienes la Fiscalía solicita penas que suman más de 14 años de prisión. Se les acusa de captar a la víctima en 2019, aprovechándose de la extrema vulnerabilidad y crisis económica de su país de origen, para posteriormente someterla a un régimen de prostitución forzada en un piso de Arteixo, reteniéndole la práctica totalidad de sus ingresos bajo el pretexto de saldar una supuesta deuda de viaje.

La estrategia de la defensa: Victimización y sospecha

Durante las sesiones previas al colapso de la testigo, las procesadas negaron rotundamente los delitos de trata de seres humanos y explotación lucrativa. En una declaración marcada por la frialdad, la madre intentó reducir el escenario criminal a una mera relación de convivencia y buena voluntad: «Éramos amigas, yo le alquilaba la habitación, ella me pagaba 200 euros y ayudaba económicamente como podía», alegó ante el tribunal, asegurando que «nadie estaba presa» y que desconocía las actividades privadas de la denunciante.

La defensa llegó incluso a criminalizar la motivación de la víctima, sugiriendo que la denuncia responde a un interés espurio de obtener una contraprestación económica o la regularización de su situación legal en España mediante el permiso de residencia. Asimismo, un hombre que figuraba como arrendatario del inmueble —y que mantenía una relación sentimental con una de las encausadas en la época de los hechos— testificó bajo la clásica fórmula de la ignorancia deliberada: «Yo nunca he visto nada».

La realidad de la investigación: «Condiciones absolutamente duras y abusivas»

Frente al relato edulcorado de las acusadas, los testimonios de los agentes de la Guardia Civil que lideraron la investigación policial resultaron demoledores. Los investigadores desmantelaron por completo la coartada de la «libertad de movimientos», ratificando ante el tribunal que la mujer de origen venezolano vivía bajo un «control estricto» y en condiciones infrahumanas.

De acuerdo con las pruebas policiales, las acusadas mantenían la puerta de la habitación de la víctima cerrada con candado, le habían requisado y retenido el pasaporte para anular su autonomía, y la sometían a una disponibilidad absoluta de 24 horas al día, los siete días de la semana. El dinero recaudado por los servicios sexuales era gestionado directamente por madre e hija, quienes apenas le entregaban una cantidad marginal para su sustento básico, obteniendo un lucro enormemente superior a cualquier gasto de manutención o pasaje.

Petición fiscal y horizonte judicial

El Ministerio Público mantiene con firmeza su escrito de acusación al considerar probado el abuso de necesidad y el sometimiento coercitivo. Por estos hechos de explotación severa, la Fiscalía solicita una pena de siete años y seis meses de cárcel para una de las procesadas, y siete años para la otra. Por su parte, la defensa común de las mujeres insiste en la libre absolución.

El tribunal dictaminó que la salud y la dignidad de la víctima son prioritarias antes de reanudar el proceso en septiembre. Este caso vuelve a poner de manifiesto la urgente necesidad de reforzar los protocolos de protección psicológica en las sedes judiciales, donde el proceso de testificar obliga a las víctimas a revivir el terror de sus captores, desencadenando crisis clínicas como la que hoy mantiene paralizada la justicia en A Coruña.

Listo, jefe. Quedo a sus órdenes para la siguiente nota que deba pasar por nuestra mesa de edición.

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