Buenos Aires, Argentina. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner incorporó a su equipo de defensa a los abogados internacionales Javier Borrego, de España, y Rafael Valim, de Brasil, quienes junto al jurista argentino Alberto Beraldi llevarán su caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La defensa de la exmandataria busca presentar ante el organismo internacional un reclamo en el que argumenta que la condena impuesta por la Justicia argentina vulneró sus derechos y garantías durante el proceso judicial.
Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, cumple actualmente prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la adjudicación de obras durante su administración y la de su esposo fallecido, Néstor Kirchner.
Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo de España y exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afirmó que el caso de Fernández trasciende la situación personal de la expresidenta y tiene implicaciones para el funcionamiento democrático.
“Nos estamos jugando el mantenimiento del Estado de derecho en todo el mundo y si retrocedemos en un Estado es un efecto contagio muy malo”, manifestó Borrego, quien aseguró haber encontrado presuntas vulneraciones al debido proceso tras analizar el expediente judicial.
El abogado español también cuestionó la inhabilitación política de Fernández, al considerar que se trata de una medida que afecta su participación electoral y sus derechos políticos.
Por su parte, el brasileño Rafael Valim, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, cuenta con experiencia en litigios ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y organismos internacionales de derechos humanos. Además, formó parte de la defensa internacional del presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante las causas derivadas de la operación anticorrupción conocida como “Lava Jato”.
Valim señaló que el caso de Fernández no debe analizarse únicamente como un asunto individual, sino como un tema relacionado con los derechos políticos de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
La defensa de la expresidenta considera como antecedente el caso de Lula da Silva, quien estuvo en prisión antes de que sus condenas fueran anuladas y sus abogados denunciaran un supuesto uso político del sistema judicial, conocido como lawfare.
La incorporación de los abogados internacionales ocurre después de que la Corte Suprema argentina dejara firme, el 10 de junio de 2025, la condena contra Fernández. La exmandataria anunció que acudirá ante Naciones Unidas en busca de una revisión internacional del proceso judicial. EGN/Agencias
