Tegucigalpa. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) informó que entre 2016 y 2025 atendió 1,023 quejas relacionadas con la extorsión, un delito que se ha convertido en una de las principales causas del desplazamiento forzado en Honduras. La institución hizo un llamado a los operadores del sistema de justicia para fortalecer la prevención y coordinar acciones conjuntas que permitan enfrentar este fenómeno.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, Elsy Reyes, explicó que el desplazamiento forzado es un problema de múltiples causas y que, además de la extorsión, está relacionado con amenazas, tentativas de homicidio, violencia doméstica, asesinatos de familiares y el despojo de bienes. Sin embargo, destacó que la extorsión figura entre los principales factores que obligan a muchas personas a abandonar sus hogares.
Según los registros del organismo, este delito ha afectado a comerciantes, amas de casa, transportistas, conductores de buses y taxis, mecánicos, así como a profesionales como docentes, abogados y periodistas. Además, se estima que ocho de cada diez casos de desplazamiento por extorsión se concentran en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, donde existe mayor actividad económica y densidad poblacional.
El CONADEH indicó que 2023 fue el año con mayor incidencia de este fenómeno durante la última década. En ese período la institución recibió 1,761 quejas por desplazamiento forzado, de las cuales 258, equivalentes al 14.65 %, estuvieron relacionadas con la extorsión. Entre 2024 y 2025 se atendieron otras 158 denuncias vinculadas a este delito, mientras que un informe de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) señala que alrededor del 6 % de los 676 casos registrados en 2025 corresponden a víctimas de extorsión.
Reyes identificó como los principales obstáculos para combatir este delito el temor de las víctimas a denunciar y la falta de coordinación entre las instituciones que integran el sistema de justicia. Aunque reconoció los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial, insistió en que el combate a la extorsión requiere un trabajo articulado entre las autoridades, la empresa privada y la ciudadanía.
Finalmente, la defensora de derechos humanos subrayó que la inseguridad limita el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el acceso al trabajo y al emprendimiento, por lo que instó a fortalecer las estrategias de prevención y los sistemas de alerta temprana, con el propósito de reducir la extorsión y evitar que más hondureños sean víctimas del desplazamiento forzado.EGN
