Tegucigalpa-El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) instó al Estado de Honduras a fortalecer las políticas de prevención y protección de la niñez y adolescencia, con el propósito de evitar que menores de edad sean captados por estructuras del crimen organizado, maras y pandillas.
Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez del CONADEH, explicó que en Honduras la responsabilidad penal juvenil comprende a adolescentes desde los 12 años hasta antes de cumplir los 18, por lo que aclaró que no son inimputables. Actualmente, 157 adolescentes permanecen privados de libertad en los cinco centros pedagógicos del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI).
La defensora señaló que, de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia, las medidas aplicables pueden alcanzar hasta ocho años, mientras que la privación de libertad debe utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Honduras en 1990. Añadió que el propósito de estas medidas debe ser la rehabilitación y reinserción social, mediante un enfoque socioeducativo y no meramente punitivo.
Maradiaga recordó que en 2017 se registraban alrededor de 600 adolescentes privados de libertad, en un período marcado por una crisis institucional, amotinamientos, reyertas e incendios. Además, indicó que entre 2014 y 2024 aproximadamente 25 adolescentes perdieron la vida de forma violenta mientras estaban bajo custodia del Estado.
La funcionaria atribuyó la reducción de la población adolescente privada de libertad a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la capacitación de jueces y fiscales con apoyo de UNICEF y la Universidad Diego Portales de Chile, así como a la implementación de un modelo de gestión socioeducativo.
Familias vulnerables y riesgo de reclutamiento
La coordinadora de la Defensoría de la Niñez advirtió que muchos de los adolescentes que ingresan a los centros pedagógicos proceden de familias empobrecidas y entornos marcados por la desprotección, condiciones que pueden facilitar su captación por parte de organizaciones criminales.
Entre los factores de vulnerabilidad mencionó la migración de los padres, la crianza a cargo de abuelos o vecinos, la violencia sexual, la explotación sexual comercial, la trata de personas, la pobreza extrema, el trabajo infantil y la situación de calle.
Ante este panorama, el CONADEH pidió al Estado garantizar que los niños y adolescentes tengan acceso a la educación, servicios de salud y entornos familiares protectores. También recomendó fortalecer la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para ampliar las acciones preventivas en las comunidades más pobres.
Maradiaga enfatizó que, cuando el Estado dispone el internamiento de un adolescente, debe garantizar condiciones dignas y oportunidades reales de reeducación. En ese sentido, sostuvo que el objetivo no debe limitarse al encierro, sino ofrecer educación, formación vocacional y herramientas para construir un proyecto de vida.
Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), Honduras tendrá en 2026 una población infantil y adolescente estimada en 3.5 millones de personas, equivalente al 39.4 % de la población nacional. De ese total, el 51 % corresponde al género masculino y el 49 % al femenino.EGN
