Tegucigalpa. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó la respuesta tardía de las autoridades ante las emergencias provocadas por las lluvias en Honduras y advirtió sobre los riesgos de corrupción en el manejo de los recursos públicos destinados a atender a las familias afectadas.
A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Castellanos señaló que cada temporada lluviosa deja al descubierto las mismas deficiencias del Estado para prevenir daños previsibles, mientras puentes colapsados, carreteras destruidas y comunidades incomunicadas evidencian problemas que, a su criterio, van más allá de los fenómenos naturales.
“Lo que vivimos es la crónica anunciada de la negligencia gubernamental combinada con la impunidad institucionalizada”, expresó la titular del CNA, al cuestionar que las autoridades reaccionen con promesas de reconstrucción y planes de contingencia cuando la crisis ya afecta a la población.
Castellanos advirtió que las consecuencias también golpean la economía de las comunidades rurales, donde la interrupción de las vías de comunicación impide trasladar productos a los mercados y provoca pérdidas en las cosechas, comprometiendo los ingresos de miles de familias campesinas. En las ciudades, agregó, las primeras lluvias vuelven a evidenciar deficiencias en los sistemas de drenaje, una planificación urbana inadecuada y obras de mitigación que no responden a las necesidades de la población.
La directora del CNA puso especial énfasis en los riesgos relacionados con las compras de emergencia y la contratación pública durante las crisis. Señaló que, aunque estos mecanismos pueden utilizarse para responder a situaciones urgentes, existe el peligro de que se conviertan en una vía para evadir licitaciones, reducir la fiscalización y favorecer intereses particulares.
“Honduras conoce los peligros de esta práctica que expone la contratación pública a través de la omisión de procesos de licitación; orillando las compras a precios injustificados, empresas sin capacidad para cumplir y adjudicaciones condicionadas por intereses privados”, alertó.
Asimismo, sostuvo que las familias afectadas podrían enfrentar una doble pérdida: primero, por los daños a sus viviendas, cosechas, caminos y medios de subsistencia; y después, si los recursos públicos destinados a la recuperación son utilizados de manera irregular. Castellanos cuestionó que la distribución de colchones y raciones de alimentos ante las cámaras sirva para proyectar una respuesta gubernamental mientras persisten los problemas estructurales de prevención y mitigación.
Finalmente, advirtió que la reconstrucción debe estar acompañada de transparencia y rendición de cuentas para evitar que la urgencia sea utilizada como justificación para favorecer intereses privados. A su juicio, mientras no se corrijan las fallas de planificación y prevención, cada temporada de lluvias continuará exponiendo las debilidades institucionales y dejando a las comunidades vulnerables frente a emergencias recurrentes.
