Tegucigalpa. La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y analista Julieta Castellanos advirtió que Honduras atraviesa una profunda crisis estructural, marcada por problemas históricos que se agravan con los conflictos coyunturales, entre ellos la paralización del sistema sanitario.
Castellanos señaló que la semana que acaba de concluir representa únicamente un paréntesis dentro de una crisis continua que enfrenta el Gobierno de la República, al considerar que los problemas del país no se limitan a situaciones recientes, sino que responden a dificultades acumuladas durante años y a la falta de soluciones sostenibles.
Uno de los aspectos que más cuestionó fue la prolongada crisis en el sistema de salud, especialmente por la mora quirúrgica, la falta de medicamentos y la suspensión de servicios derivada de las asambleas informativas del gremio médico, que, según indicó, se acercaban a su quinta semana consecutiva. A su juicio, la paralización ha agravado las dificultades de acceso a consultas de especialidades y procedimientos quirúrgicos, con mayores consecuencias para los sectores más pobres.
La analista también cuestionó la falta de información detallada por parte del Gobierno sobre los avances en las negociaciones con el Colegio Médico de Honduras (CMH). Señaló que, mientras las autoridades han informado sobre la instalación de comisiones técnicas y pagos a la mayoría del personal, el gremio sostiene que persisten problemas relacionados con salarios, contratos y otras demandas laborales.
“Lo que está viendo es un abandono del sector salud por parte del Gobierno que no resuelve unos pagos”, expresó Castellanos, quien también cuestionó la postura del gremio médico ante las consecuencias que la interrupción de los servicios tiene para la población. En ese sentido, consideró necesario transparentar cuántos profesionales han recibido sus salarios durante la paralización y aclarar el origen y alcance de las demandas pendientes.
Castellanos extendió sus cuestionamientos a las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos, al señalar que no observa un acompañamiento suficiente para garantizar la atención médica de las personas más vulnerables. A su criterio, la crisis debe analizarse tanto desde la responsabilidad estatal de garantizar los servicios públicos como desde las consecuencias que la suspensión de la atención genera en los pacientes.
