Tegucigalpa.– La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, pidió al Estado hondureño fortalecer el sistema de justicia para acompañar los operativos dirigidos contra las estructuras del crimen organizado y garantizar que las acusaciones puedan sostenerse ante los tribunales.
En su acostumbrada columna “Disculpen mi Castellano”, titulada en esta ocasión “Hora de limpiar la casa”, Castellanos sostuvo que la respuesta estatal contra el crimen organizado no debe limitarse al despliegue de las fuerzas de seguridad, sino que debe estar respaldada por investigaciones sólidas y procesos judiciales rigurosos.
La titular del CNA señaló que la declaratoria de determinadas estructuras criminales como asociaciones terroristas y las operaciones para combatirlas representan una nueva etapa en la respuesta del Estado, pero advirtió que estas acciones requieren el acompañamiento de todo el sistema de justicia.
En ese sentido, planteó la necesidad de contar con fiscales preparados e íntegros, jueces independientes y circuitos judiciales especializados para atender con celeridad y rigor los procesos relacionados con el crimen organizado.
“De nada sirve un despliegue de fuerza intimidante en las calles si los fiscales y jueces fallan después en los tribunales”, remarcó Castellanos en su reflexión.
La abogada también enfatizó que las actuaciones de las autoridades deben desarrollarse dentro del debido proceso y con respeto a los derechos humanos. Según explicó, una captura puede perder efectividad si una investigación presenta deficiencias, la acusación está mal estructurada o se incurre en actuaciones arbitrarias que posteriormente provoquen el fracaso del caso ante los tribunales.
Castellanos cuestionó además que las medidas excepcionales puedan convertirse en respuestas permanentes y sostuvo que el Estado debe enfrentar a las estructuras criminales dentro del marco jurídico vigente.
Asimismo, planteó que la estrategia contra el crimen organizado debe abarcar no solo a quienes ejecutan directamente los delitos, sino también a las redes de financiamiento y las estructuras que facilitan el control criminal de territorios y actividades económicas.
Finalmente, la directora del CNA sostuvo que Honduras necesita instituciones capaces de enfrentar al crimen con contundencia, pero sin debilitar las garantías legales que el propio Estado tiene la obligación de proteger. En su columna resumió esta postura con la frase: “La fuerza sin ley es tiranía, y la ley sin fuerza es cobardía”. EGN
