Tegucigalapa. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió hoy que, en caso de declararse nuevamente un estado de excepción, se podrían repetir las mismas violaciones de derechos humanos registradas durante la administración anterior, donde este ente estatal atendió más de mil quejas, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Además, señaló que, conceptos como “asociación terrorista” o similares son ambiguos en la legislación nacional y podrían dar lugar a interpretaciones inadecuadas que consecuentemente podrían generar violaciones de derechos humanos.
Así lo advirtió el Secretario General del CONADEH, Daniel Cáceres, al referirse a la posibilidad de declarar un estado de excepción focalizado y a la intención de tipificar como “terroristas” a estructuras criminales en el país.
Cáceres recordó que, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la seguridad pública debe abordarse a través de una política integral de seguridad ciudadana, y que, la excepcionalidad no debe convertirse en la normalidad.
Entendemos las preocupaciones de la actual administración sobre la seguridad ciudadana y recordó que la Secretaría de Seguridad está creando una política de seguridad ciudadana acompañada por varios sectores, incluyendo el CONADEH, por lo que es necesario continuar con ese esfuerzo, indicó.
Con relación a la figura de “asociación terrorista”, el Secretario General subrayó que, corresponde a la Secretaría de Seguridad y al Congreso Nacional definir con exactitud quiénes son y quiénes serán considerados como terroristas, lo cual requiere un estudio especializado, criminológico y de seguridad, con enfoque de derechos humanos, para evitar que se inicien causas penales contra personas que no tienen ninguna relación con el crimen organizado.
Cáceres recordó las lecciones que dejó el estado de excepción que duró del 6 de diciembre de 2022 al 26 de enero de 2026, es decir, unos 1,147 días, período en el que, el CONADEH, atendió más de mil quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo graves violaciones como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Cuestionó que, durante esos 37 meses y medio, las actuaciones policiales resultaron en más violaciones de derechos humanos y los resultados positivos fueron muy pocos, teniendo como único argumento la reducción de homicidios, que no es un indicador suficiente.
Agregó que también debe existir un control judicial más efectivo de las actuaciones policiales, así como un control legislativo sobre las prórrogas que se emiten.
Los esfuerzos de endurecer las medidas no solo tienen que ver con afectaciones a los derechos humanos, sino con su alcance y la certeza.
Las actuaciones policiales deben ajustarse al marco de la ley y atacar con mayor dureza y certeza a la criminalidad organizada que atemoriza al país, puntualizó.
Finalmente, el CONADEH hizo un llamado al Gobierno de la República para que la medida que se implemente sea la continuación de la política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos.EGN
