La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras señaló que toda respuesta estatal ante la violencia criminal debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad, supervisión independiente y rendición de cuentas.

Tegucigalpa, Honduras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) llamó al Estado hondureño a abordar la criminalidad conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, ante los anuncios realizados por distintas autoridades sobre la posible adopción de un estado de excepción focalizado en determinados territorios y la eventual declaratoria de algunas estructuras criminales como asociaciones terroristas.

Mediante un comunicado emitido el 17 de septiembre de 2026, la OACNUDH reconoció que la violencia criminal, las extorsiones, los homicidios, los desplazamientos forzados internos y otras formas de criminalidad afectan gravemente los derechos humanos de la población.

En ese sentido, la Oficina recordó que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas, investigar los delitos, sancionar a los responsables y garantizar los derechos de las víctimas. Asimismo, enfatizó que las respuestas estatales, incluidas las medidas extraordinarias de seguridad, deben fundamentarse en el respeto de los derechos humanos.

“La población hondureña tiene derecho a vivir sin miedo. Los derechos humanos no impiden al Estado actuar contra el crimen; le instan a hacerlo investigando, desarticulando estas estructuras y sancionando a los responsables. Nadie debe elegir entre seguridad y derechos, una seguridad efectiva garantiza ambos”, afirmó Juan Carlos Monge, representante de OACNUDH.

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Medidas extraordinarias bajo control

La OACNUDH reiteró que toda medida extraordinaria de seguridad debe observar estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad, supervisión independiente y rendición de cuentas, conforme a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Honduras.

La Oficina subrayó que la suspensión o restricción de derechos únicamente puede justificarse cuando resulte indispensable para enfrentar circunstancias excepcionales y debe estar acompañada de controles efectivos.

Respecto a una eventual declaratoria de organizaciones criminales como asociaciones terroristas, OACNUDH advirtió que las definiciones imprecisas o excesivamente amplias de terrorismo pueden derivar en nuevas vulneraciones de derechos. Por ello, recordó que toda actuación estatal en materia penal debe respetar los principios de legalidad penal, presunción de inocencia, debido proceso y responsabilidad individual.

Seguridad con enfoque de derechos humanos

La Oficina exhortó al Estado de Honduras a continuar fortaleciendo una política integral de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos, priorizando la prevención de la violencia, la investigación criminal efectiva, la reducción de la impunidad, la protección de las víctimas, la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, indicó que los resultados duraderos en materia de seguridad requieren reformas estructurales orientadas a reducir las desigualdades y fortalecer el Estado de derecho.

Finalmente, OACNUDH reiteró su disposición de continuar brindando asistencia técnica y acompañamiento al Estado hondureño para el diseño e implementación de respuestas eficaces frente a la violencia y la criminalidad.