Tegucigalpa-El defensor de derechos humanos Joaquín Mejía advirtió sobre la gravedad de la situación de las personas desaparecidas en Honduras y señaló la necesidad de que el Estado fortalezca su respuesta ante estos casos, tanto desde el ámbito judicial como desde una perspectiva humanitaria.
Mejía recordó que Honduras ha ratificado tratados internacionales relacionados con la desaparición forzada, entre ellos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Según explicó, estos instrumentos obligan al Estado hondureño a adecuar su legislación interna a los estándares internacionales y a reconocer la desaparición forzada como un delito autónomo. Además, consideró necesario que el Código Penal establezca una diferenciación cuando este delito ocurre en el marco de graves violaciones a los derechos humanos o como parte de una política de Estado.
El defensor señaló que la desaparición forzada puede presentarse tanto en contextos de crímenes de lesa humanidad como en situaciones que no necesariamente reúnen esas características, por lo que la legislación debe contemplar ambas posibilidades.
Mejía también recordó que información oficial ha dado cuenta de miles de personas desaparecidas en Honduras a lo largo de los años, una situación que, a su juicio, evidencia la magnitud de una problemática que requiere una respuesta estatal integral. Asimismo, mencionó el asesinato de un testigo protegido relacionado con el caso de Angie Peña como un hecho que refleja la gravedad del problema.
En ese sentido, sostuvo que el Estado debe separar dos responsabilidades fundamentales: por un lado, la investigación penal para determinar quiénes son responsables de las desapariciones, tarea que corresponde al Ministerio Público; y por otro, la búsqueda de las personas desaparecidas o de sus restos, que requiere una respuesta humanitaria.
Finalmente, Joaquín Mejía planteó la creación de una comisión nacional de búsqueda, que no se limite al caso de Angie Peña, sino que atienda los casos de las miles de personas desaparecidas en Honduras. A su criterio, esta instancia permitiría dar una respuesta integral a las familias que continúan esperando información sobre el paradero de sus seres queridos.EGN
