Tegucigalpa.– El Estado de Honduras comparece este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia temática que se celebrará en Washington, Estados Unidos, con el objetivo de defender la implementación de la figura del juicio político y sostener que su aplicación se realizó con apego a las garantías constitucionales y al debido proceso.
La audiencia fue solicitada por organizaciones hondureñas e internacionales que buscan exponer ante la CIDH su preocupación por la situación del sistema de justicia en el país, particularmente en aspectos relacionados con la independencia judicial, la carrera judicial, la separación de poderes y las garantías para jueces y magistrados.
Entre las organizaciones peticionarias figuran Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el Centro Jurídico por los Derechos Humanos (CJDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
De acuerdo con la información oficial, el Estado hondureño optó por no enviar una delegación presencial a la audiencia. En su lugar, la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional remitirán un documento escrito en el que expondrán los argumentos jurídicos para defender la legalidad de los juicios políticos que derivaron en la destitución de exfuncionarios, entre ellos Johel Zelaya y Marlon Ochoa.
Según la postura de las autoridades, los mecanismos de control legislativo aplicados no constituyeron actos de persecución política, sino instrumentos democráticos previstos en el ordenamiento jurídico para establecer responsabilidades de altos funcionarios que, a criterio del Estado, pusieron en riesgo la democracia durante las elecciones primarias y generales de 2025.
El informe también sostiene que cada una de las etapas de los procedimientos se desarrolló bajo el principio de legalidad y con respeto al derecho a la defensa de los involucrados. Asimismo, se destaca que las destituciones fueron aprobadas por mayoría en el Congreso Nacional mediante la figura del juicio político.
Las autoridades hondureñas también defenderán la facultad soberana del Congreso Nacional para aplicar este tipo de mecanismos, argumentando que forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la institucionalidad pública.
Frente a los cuestionamientos planteados por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, el Estado buscará demostrar su disposición de mantener un diálogo abierto y constructivo con el sistema interamericano de derechos humanos, al tiempo que sostendrá que el marco jurídico hondureño cuenta con los contrapesos necesarios para prevenir arbitrariedades y garantizar el Estado de derecho. EGN
