San Salvador.– La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que al menos 554 personas han fallecido en las cárceles de El Salvador tras ser detenidas durante la implementación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 como parte de la estrategia del Gobierno contra las pandillas.
De acuerdo con los registros de la organización, las víctimas murieron mientras permanecían bajo custodia del Estado y, según denunció, muchas de ellas habrían fallecido por la negación del acceso a servicios de salud o como consecuencia de malos tratos durante su detención.
La ONG aseguró que el 94 % de los fallecidos “no tenían perfil de pandilleros” y murieron sin haber sido condenados en un juicio, por lo que consideró que los decesos ocurrieron en un contexto de impunidad.
Socorro Jurídico Humanitario también advirtió que la cifra real de personas fallecidas podría superar el millar, al señalar que existe un supuesto esfuerzo sistemático por ocultar información relacionada con los procesos judiciales masivos desarrollados bajo el régimen de excepción.
Hasta el momento, el Gobierno del presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado sobre el informe ni ha emitido una reacción oficial respecto a las denuncias realizadas por la organización.
El régimen de excepción fue instaurado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas y ha sido prorrogado en 53 ocasiones. Bajo esta medida se han suspendido garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones.
Según cifras oficiales, más de 92 mil 480 personas han sido detenidas durante la vigencia del régimen, acusadas por las autoridades de pertenecer o colaborar con estructuras criminales.
Mientras el Gobierno sostiene que la estrategia ha permitido reducir significativamente la violencia y mantiene un amplio respaldo popular, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado más de 6 mil 400 denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y otras irregularidades durante la aplicación del régimen de excepción. EGN/Agencias
