El Cairo. Amnistía Internacional (AI) denunció una nueva escalada en la aplicación de la pena de muerte en Irán, tras la ejecución pública de dos manifestantes en la ciudad de Isfahán, elevando a al menos 26 las personas ejecutadas en lo que va de 2026 por su participación en protestas contra el régimen.
En un comunicado, la organización defensora de los derechos humanos advirtió que al menos 60 personas se encuentran en riesgo inminente de ser ejecutadas, entre ellas tres que eran menores de edad al momento de los hechos por los que fueron condenadas, lo que, según AI, constituiría una violación del derecho internacional.
Las más recientes ejecuciones corresponden a Amir Hossein Safari y Abolfazl Sepahi, quienes fueron condenados tras un juicio colectivo relacionado con la muerte de cuatro policías durante las protestas registradas en Isfahán. Amnistía Internacional denunció que ambos fueron sentenciados con base en confesiones obtenidas bajo custodia y cuestionó la transparencia del proceso judicial.
La organización recordó que el pasado 19 de julio también fueron ejecutados Erfan Esfandiari y Gol Mohammad Mohammadi, igualmente vinculados al mismo caso y sometidos, según la ONG, a procedimientos judiciales con graves irregularidades.
Amnistía Internacional sostiene que el Gobierno iraní ha endurecido la represión interna aprovechando las «condiciones de guerra» derivadas de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el 28 de febrero de 2026. Desde entonces, afirma que al menos 52 personas han sido ejecutadas por motivos políticos o relacionados con las manifestaciones.
La organización atribuyó el incremento de las condenas a muerte al uso de delitos como «enemistad contra Dios» y «corrupción en la tierra», además de la nueva Ley de Espionaje, que contempla la pena capital para determinadas acciones, incluyendo la comunicación con organizaciones y medios considerados «hostiles» por las autoridades iraníes.
Asimismo, AI denunció que los procesos ante los Tribunales Revolucionarios se desarrollan a puerta cerrada, con denuncias de desapariciones forzadas, negación del derecho a una defensa legal independiente y confesiones obtenidas bajo presunta tortura y difundidas antes de los juicios.
Ante este panorama, Amnistía Internacional instó al Gobierno de Irán a suspender de inmediato todas las ejecuciones programadas y establecer una moratoria oficial como primer paso hacia la abolición definitiva de la pena de muerte en el país.EGN/Agencias
